La Suprema Corte bonaerense hizo un planteo al gobierno de María Eugenia Vidal por las dificultades del sistema de Justicia para afrontar los gastos de funcionamiento y continuar obras de infraestructura.

A través de una resolución que lleva la firma de todos los miembros, el máximo tribunal bonaerense planteó que que la Ley de Presupuesto de este año supuso para el Poder Judicial una fuerte reducción en las partidas destinadas a dar continuidad a las obras de infraestructura que gestiona la administración central, encaminándolas a su paralización.

En el pronunciamiento notificado al Poder Ejecutivo, los jueces también mencionan el impacto en el incremento de tarifas sobre rubros indispensables como servicios públicos, alquileres de edificios, mantenimientos preventivos de instalaciones, con una asignación de recursos para este año similar a la del 2018.

La resolución -a la que LPO pudo tener acceso- agrega que, en tal contexto, se dispuso adoptar un reordenamiento de prioridades que afectan obras menores y la renovación de equipamiento e instalaciones, focalizándose en las que resultan indispensables y esenciales para la seguridad de la infraestructura y la puesta en funcionamiento de órganos jurisdiccionales cuyos titulares ya se encuentran designados mediante decreto del Poder Ejecutivo provincial.

El Tribunal reiteró la necesidad de contar con refuerzos presupuestarios para afrontar los gastos por alquiler de inmuebles, los costos emergentes que supondrían las extinciones de locaciones y gastos no previsionados en caso de requerirse el resguardo de las obras inconclusas.

Por último, la Corte afirmó que se ve en la obligación de hacer saber que la interrupción del proceso de mejora gradual de asignación de recursos de los últimos años, dificultan el fortalecimiento y mejoramiento del servicio de Administración de Justicia que promueve el Tribunal desde hace años, con la finalidad de dar respuesta a las acuciantes necesidades en materia de infraestructura edilicia y modernización tecnológica.